En cualquier democracia que merezca tal nombre coexisten diferentes planos que pueden y deben definirse y adoptar decisiones frente a un hecho tan grave como el ataque terrorista del 11-M: los medios de comunicación, la clase política y el poder judicial son los tres planos primordiales.
Ninguno de esos planos tiene títulos para presionar a los otros, aunque lo hagan constantemente y aunque sus decisiones, tomadas con toda legitimidad –y cada cual con su propio alcance– restrinjan unas veces e impulsen otras la acción del resto.
Cada medio de comunicación opta por una línea editorial. También es libre de investigar por su cuenta. Desde que nació, el diario El Mundo ha sido el medio español que mejor ha practicado el periodismo de investigación. Sin su impulso, la trama de los GAL no se habría descubierto, ni sus responsables habrían sido condenados muchos años después por los tribunales. Ante el 11-M, su opción ha sido la misma, sumándosele Libertad Digital. Los resultados de estas investigaciones están lejos de permitir un balance definitivo, aun cuando la sentencia de la Audiencia Nacional da por buenas algunas pruebas de las que muchos hemos dudado. Citaré concretamente la procedencia de los explosivos usados en los trenes y el origen de la llamada mochila de Vallecas.
Por mucho que les pese a los socialistas –ellos sabrán por qué–, algunos medios seguirán investigando. Lo harán con toda legitimidad y con toda oportunidad, toda vez que el propio juez Bermúdez afirmó en una entrevista en la cadena COPE, antes de ocuparse del 11-M, que este caso permanecería abierto durante muchos años. Está grabado.
En cuanto a la clase política, conviene recordar lo siguiente: bajo el Gobierno del PP se detuvo a cuantos acaban de ser condenados por la Audiencia. Bajo el Gobierno del PSOE se detuvo a cuantos acaban de ser absueltos. Fue el PP quien instó una comisión de investigación parlamentaria. Fue el PSOE quien se apresuró a concluir sus trabajos. Antes de ello, el Gobierno del PP había difundido toda la información que iba obteniendo tras el atentado; fue el PSOE quien, acusándolo de mentir, capitalizó políticamente la tragedia del mismo modo que ahora quiere capitalizar la sentencia, manchando al adversario con terminología criminal: Blanco ha llamado a Aznar "autor intelectual", a Acebes "autor material" y a Rajoy y Zaplana "colaboradores necesarios"... de un engaño masivo. Recurso propio del más infecto propagandismo goebbelsiano.
En cuanto al poder judicial, las sentencias se acatan. Punto. Algo que no hizo nunca el PSOE en los casos Filesa y GAL, donde destacados socialistas fueron, aquí sí, autores y colaboradores reales.
http://www.libertaddigital.com/opiniones/opinion_40195.html
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